En materia energética, el gobierno ha planteado un nuevo rol del Estado, en el que se reconoce que las decisiones de las autoridades regulatorias no son neutrales.
Desgraciadamente, muchísimos liberales quieren identificar el liberalismo político con la neutralidad del Estado. Esto solo puede reforzar una tendencia a transformar los problemas políticos en administrativos y técnicos” (Chantal Mouffe). Nuestra Constitución y la legislación regulatoria creada a su alero se basan, ideológicamente, en lo que Mouffe denomina principios de neutralidad del Estado.
En efecto, el sistema regulatorio ha sido organizado para intentar aislar las decisiones técnicas de cualquier contaminación política. Dotamos a los reguladores de poderes autónomos, los excluimos del examen de legalidad de la Contraloría e intentamos dejar detallado en las leyes cada aspecto de las regulaciones sectoriales. Todo esto para evitar que la “política” distorsione las decisiones de los técnicos, que deben mantenerse siempre neutrales.
Hemos vivido por tanto tiempo en el paradigma de la neutralidad que perdimos perspectiva, olvidando que el respeto por la libertad individual, la libertad de empresa y, en definitiva, una economía abierta no son sinónimos de un Estado neutral.
Cuando nos aferramos a la idea de neutralidad política en las decisiones públicas, no solo nos equivocamos y aceptamos un paradigma profundamente ideologizado y para nada neutral, sino que a la vez vivimos una fantasía, pues aun con la normativa más detallada, las autoridades deberán siempre tomar decisiones prácticas. Deberán optar por más de una manera de dar cumplimiento a una misma legislación y cada una de esas alternativas generará, necesariamente, consecuencias de política pública diversas. Las decisiones del regulador jamás serán neutras, porque los efectos de la regulación no lo son.
En materia energética, el gobierno ha planteado un nuevo rol del Estado, en el que se reconoce que las decisiones de las autoridades regulatorias no son neutrales. Que los gobiernos no son indiferentes a la dinámica de los mercados, y que las atribuciones del regulador no solo son un mecanismo aséptico para alcanzar la eficiencia estática, sino también instrumentos idóneos para la consecución de objetivos de política pública más amplios. Este nuevo paradigma se refleja a la perfección en el reciente proyecto de ley que modifica el sistema de licitaciones eléctricas.
Hay quienes piensan que esta renuncia a la neutralidad implica dotar a la autoridad de una discrecionalidad inédita, en la que se deja espacio para la política en desmedro de la técnica. Creemos lo contrario. La política pública siempre ha estado presente, pero los gobiernos la han aplicado sin declararla ni debatirla, refugiándose cómodamente en la fantasía de la neutralidad.
En cambio, para proteger un ambiente sano de inversiones, atractivo para el emprendimiento, la iniciativa privada y el desarrollo armónico de la economía, en lugar de negar los fines de política pública de cada acción del Estado, lo que se requiere es que dichos fines sean transparentes, discutidos e idóneos y que a su vez las herramientas con que se implementen sean proporcionales y justificadas. Con reglas del juego de largo plazo y mecanismos conocidos, claros y predecibles para adaptarlas a nuevos tiempos.
Esto no es un retroceso en la economía libre y de mercado de Chile. Al contrario, nos acerca a la lógica que ha permitido a la totalidad de los países desarrollados del mundo llegar a serlo.
*El autor es director ejecutivo Asociación de Empresas Eléctricas A.G.
