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Nueva ley de Licitaciones Eléctricas: los desafíos de la política pública.Columna Rodrigo Castillo en Diario Financiero

FOTO RODRIGO CASTILLO ELÉCTRICAS

Durante varios años hemos venido escuchando con insistencia que nuestro país carece de una política energética de largo plazo. Estos reclamos se hacen más insistentes, como es obvio, con motivo de crisis de abastecimiento, aumentos relevantes de precio u otros conflictos que de un modo u otro nos muestran que el desarrollo armónico de nuestro sistema parece ser un ideal siempre lejano.

Sin embargo, si analizamos la realidad de manera objetiva, debemos reconocer que Chile siempre ha tenido una política energética, en cambio de lo que ha carecido es de mecanismos o herramientas de planificación.

Para comprender esta realidad que a primera vista puede parecer algo difícil, debemos recordar que a la época en que se dividieron y privatizaron las distintas empresas eléctricas (de propiedad estatal) la industria quedó conformada por 3 grandes segmentos. La generación, la transmisión y la distribución. En el caso de los dos últimos, se reconoció que existían economías de escala y densidad que hacían necesario mantenerlos sujetos a regulación. En el caso, en cambio, de la generación eléctrica, se consideró que las condiciones de mercado hacían posible la introducción de competencia, y por lo tanto que no era necesario someter a estas empresas a un régimen de fijación de tarifas.

Esta libertad tarifaria fue a su vez coherente con los principios de subsidiariedad del Estado y neutralidad de los organismos públicos respecto de tecnologías o modelos de desarrollo. Dicho de otro modo, la política energética de Chile se basó en no intervenir en el mercado y permitir que fueran sus propios protagonistas los que, reaccionando a los mensajes de la demanda y costos, decidieran con qué tecnología, en qué volúmenes y dónde generar energía eléctrica.

El actual gobierno ha declarado abiertamente en su Agenda Energética que pretende dar un nuevo rol al Estado. En industrias tan interrelacionadas como la nuestra, en la que conviven segmentos regulados –distribución y transmisión– con segmentos desregulados, como la generación, la labor del Estado al diseñar y aplicar las reglas de intervención en los segmentos sujetos a regulación condicionan, queramos o no, y de manera crítica la forma en que se desarrolla el segmento libre.

Las reglas que establece el Estado, por ejemplo, para definir la expansión del sistema de transmisión troncal son un elemento de la mayor relevancia para establecer mensajes, incentivos o desincentivos a la expansión de las diversas formas de generación en el territorio, incluyendo el destino de tecnologías y competidores.

Lo mismo ocurre en el caso de la distribución, particularmente en lo relativo a los mecanismos de compras reguladas de energía. Así, el diseño de las reglas de una licitación eléctrica puede estar orientado a la consecución de diversos objetivos de política pública, más allá de los más obvios como la minimización de los precios.

Uno de los principales méritos de la nueva normativa propuesta por el gobierno en materia de Licitaciones, es justamente el que se reconoce que este modelo de compras no sólo es una herramienta para cumplir la obligación de adquirir los suministros necesarios para cubrir la demanda de clientes regulados, sino que constituye una herramienta inestimable (aunque por cierto no única ni suficiente) para avanzar en la consecución de fines de política pública declarados, conocidos y transparentes, cual es la minimización de precios, el fomento de la competencia o el tratamiento no discriminatorio entre tecnologías.

Estamos seguros que las nuevas reglas del sistema de licitaciones, con plazos más amplios y una correcta distribución de garantías tanto para los inversionistas como para la comunidad, nos permitirán colaborar en las ambiciosas metas que nos hemos puesto como país para nuestro desarrollo energético.

PUBLICACIÓN DIARIO FINANCIERO

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Prensa

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