Señalan que actual mecanismo es de difícil aplicación y no cumple el objetivo de reducir boletas de familias más pobres.
La decisión de la autoridad de no hacer uso de las facultades legales que tiene para aplicar de forma anticipada los decretos tarifarios y su negativa a aplicar subsidios a las cuentas de la luz para los clientes regulados del SIC y SING es compartida por las empresas eléctricas.
¿La razón? Podría haber hecho que la solución del problema provocado por el atraso en la tramitación de doce decretos tarifarios pendientes desde la administración Piñera fuera más compleja. Así lo señala Rodrigo Castillo, director ejecutivos de la Asociación de Empresas Eléctricas, gremio que agrupa a las distribuidoras y transmisoras.
En el caso de los subsidios, Castillo señala que, tal como está planteado el sistema, es ineficiente y necesita ser reformado, pues no cumple su función. De ahí que la autoridad decidiera no utilizarlo, cuestión que el gremio comparte.
Desde 2005, el gobierno puede entregar subsidios a las cuentas de luz a los hogares de menores ingresos cuando las variaciones superan el 5%. En 2008, y durante la anterior administración Bachelet, el mecanismo se utilizó, aunque con resultados poco satisfactorios, dice Castillo.
“Siempre hemos señalado que nos parece adecuado que el Estado establezca subsidio para las personas más pobres respecto de los aumentos significativos en el costo de la energía. Sin embargo, el actual subsidio contenido en la ley ha demostrado ser extremadamente inefectivo y de difícil aplicación. En el pasado estos subsidios no alcanzaron a llegar ni siquiera al 40% o 50% de los eventuales beneficiarios”, dice.
En este sentido, indica, éste debe ser reemplazado por una herramienta “que sí funcione”. “Cómo está diseñado, consideramos que es una muy mala herramienta”, dijo.
El ejecutivo señala que, al estar asociado este beneficio a los titulares de la Ficha de Protección Social, muchas veces no coinciden con los clientes que aparecen como propietarios de las cuentas eléctricas.
Respecto de la agilización de los decretos, Castillo señala que, si bien desde 2010 la autoridad tiene la facultad para aplicar los decretos tarifarios antes de la toma de razón en la Contraloría General de la República, esta herramienta es de uso excepcional, y por la dificultad provocada por los atrasos, existía la posibilidad de que -tal como ocurre con frecuencia- el organismo de control aplicara cambios que obligaran a reversar cobros o devoluciones de dinero a los clientes.
“En general, la aplicación de una facultad de este tipo debe ser excepcional. En particular en este caso, hubiera sido una irresponsabilidad, y por eso compartimos, la asociación y todas las empresas, el criterio que ocupó el gobierno al decidir tramitar lo más rápido posible los decretos frente a la Contraloría, de forma que una vez que fueron publicados, no tuvieran el riesgo de ser revertidos”, dice.
