Santiago, 21 de agosto 2026.- Empresas Eléctricas A.G. presentó ante el Tribunal Constitucional un escrito con sus observaciones al artículo 31 del proyecto de Ley de Reconstrucción, adhiriendo al requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo y aportando antecedentes técnicos y sectoriales sobre los efectos que la norma podría generar durante una catástrofe.
En el documento, el gremio sostuvo que, frente a una emergencia de gran magnitud, la prioridad debe ser reparar las redes dañadas y recuperar el suministro eléctrico para la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.
En este sentido, Empresas Eléctricas A.G. advirtió que obligar a destinar cuadrillas y recursos especializados a reconexiones individuales, incluso cuando estas se encuentren asociadas a deudas anteriores y ajenas a la emergencia, puede desviar capacidades críticas precisamente cuando son más necesarias para avanzar en la reposición masiva del servicio.
El director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Juan Meriches, explicó además uno de los cuestionamientos constitucionales planteados por el gremio: “El artículo 31 regula una materia reservada por la propia Constitución a la ley orgánica constitucional sobre estados de excepción, y no puede, por ende, ser válidamente establecida mediante una ley común, y menos aún mediante una indicación parlamentaria incorporada a un proyecto de ley cuyo objeto es enteramente distinto”.
Otro de los aspectos cuestionados son los plazos que establece la norma, los que, según el gremio, no consideran las condiciones que pueden producirse durante una emergencia de gran magnitud. Al respecto, Meriches señaló: “Y además impone plazos perentorios desconociendo completamente la realidad de una catástrofe: después de un terremoto o un tsunami puede haber infraestructura destruida, zonas inaccesibles y condiciones en que simplemente no es seguro trabajar”.
En este contexto, el gremio enfatizó la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios durante las labores de recuperación. “Ninguna regulación debiera poner a los trabajadores ni a los propios usuarios en riesgo por cumplir un plazo artificial. Esperamos que el TC recoja estos argumentos y permita que esta materia se discuta con la rigurosidad técnica que requiere”, afirmó Meriches.
Empresas Eléctricas A.G. espera que el Tribunal Constitucional considere los antecedentes y argumentos entregados, de manera que una materia de esta relevancia sea abordada con rigurosidad técnica, coherencia regulatoria y teniendo como prioridad la recuperación segura y oportuna de los servicios esenciales.
