Se ha generado un amplio debate sobre la instalación de medidores inteligentes en Chile. Este ha estado cruzado por las más diversas consideraciones, que han ido desde el origen y legitimidad de esta política pública, hasta un conjunto de mitos sobre el desempeño, la calidad y hasta potencial peligrosidad de estos dispositivos.
Uno de los más controversiales es la denuncia de que esta política pública no fue conocida, no fue entendida o incluso que correspondería a una especie de trampa en la que cayeron todos sus protagonistas. Por ignorancia, por ineptitud o por motivos aún más graves.
Se ha dicho que la implementación de medición inteligente en Chile, la que implica, en efecto, enormes inversiones para la industria en un plazo de siete años, sería una fórmula para enriquecer a las compañías, permitiéndoles una renta exagerada (se ha llegado a señalar que del 15%) sobre estos nuevos activos.
Estimamos que es necesario aclarar y dar respuestas a estas graves acusaciones. No para defender los intereses de la industria, sino para proteger una buena política pública y la institucionalidad del país y evitar que sigamos degradándola hasta reducir a la cuasi totalidad de los órganos del Estado a un conjunto de ignorantes o algo peor.
Esta política pública corresponde a un esfuerzo de años. Comenzó con la agenda de energía que con tanto orgullo acordamos hace ya cerca de un lustro, en la que la calidad de servicio y la modernización de las redes eran dos de sus más importantes prioridades.
Continuó con un proceso amplio, participativo y reglado de discusión de una nueva norma técnica de calidad en distribución, la que culminó – luego de años de trabajo técnico en que participaron todos los órganos del Estado del sector energía – en una amplia consulta pública. La norma fue publicada y publicitada a fines del año 2017. En ella se establece la obligatoriedad de instalar sistemas de control, monitoreo y medida inteligentes en todo Chile. Nadie, durante todo el proceso de consulta y discusión se mostró en desacuerdo.
Finalmente, se modificó la ley de manera que fueran las empresas de distribucón las que asumieran directamente el costo de los medidores, por resultar esta opción más económica y distributiva para los clientes. Durante el proceso de discusión de esta ley – basta mirar las actas de las comisiones – cada detalle de la política fue explicado por las autoridades de entonces, con transparencia y claridad.
Finalmente, en 2018 se dictó un Decreto Tarifario que reconoce como un costo de las empresas esta nueva inversión que nunca antes fue obligatoria, de manera tal de tratar este activo de la misma manera que sus otros activos: postes, cables, transformadores. El Decreto fue tomado razón por la Contraloría General de la República, luego de un extenso analisis de legalidad.
A diferencia de lo que se ha afirmado en diversos medios, la industria de la distribución eléctrica no tiene ni ha tenido jamás una rentabilidad garantizada, y ésta, por cierto, no es ni ha sido nunca del 15%. De hecho, la autoridad chequea cada año este aspecto y la rentabilidad no supera el 7% antes de impuestos.
Por ello, resulta sorprendente que algunos insistan en que una política pública con el nivel de publicidad de ésta (en las redes sociales circulan decenas de imágenes de detallados anuncios sobre esta política y sobre sus alternativas de financiamiento), que fue tramitada y aprobada por dos ministerios -Energía y Segpres- la Comisión Nacional de Energía, la unanimidad del parlamento y la Contraloría General de la República, sea el fruto de una confusión, un engaño o la ineptitud de todos sus autores o revisores.
Es necesario ser veraces. Esta política pública sí fue ampliamente discutida, revisada, consultada, aceptada y comprendida por todas las autoridades que participaron de ella. Nadie se equivocó o no comprendió. No hubo ni goles ni atajadas. Insistir en esa hipótesis solo degrada a nuestras instituciones. Las reduce y las pone en entredicho de una manera injusta y peligrosa.
Lo más importante, y aunque hoy sea muy impopular decirlo: es una buena política pública. Indispensable para garantizar el futuro de la energía en Chile y la calidad de servicio de nuestros clientes.
