En relación con la reciente publicación de CIPER, que aborda el tratamiento de las compensaciones por interrupciones del suministro eléctrico en el proceso tarifario de distribución 2020–2024 (VAD), desde Empresas Eléctricas A.G., gremio que representa a las principales distribuidoras del país, consideramos importante aportar antecedentes que permitan una visión completa de este tema.
El proceso tarifario en cuestión fue conducido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y se desarrolló conforme al marco normativo vigente y de manera pública, contemplando diversas instancias de participación técnica, observaciones por parte de las empresas, y revisión posterior ante el Panel de Expertos. Uno de los aspectos centrales del debate fue la decisión de la CNE de diseñar una empresa modelo que no reconocía plenamente las inversiones necesarias para cumplir con los indicadores de calidad exigidos por la normativa, optando por una estimación alternativa del costo para incorporarlo en las tarifas.
Este criterio fue cuestionado a lo largo del proceso por distintas empresas distribuidoras, tanto en las instancias técnicas como ante el Panel de Expertos, por considerar que no reflejaba adecuadamente los costos reales asociados a cumplir los estándares regulatorios de calidad de servicio. A pesar de ello, el enfoque fue finalmente mantenido por la autoridad técnica que privilegió un menor impacto tarifario para los usuarios.
Es importante destacar que no existen cobros ocultos a los clientes y que el nivel de compensaciones reales que enfrentan las distribuidoras excede ampliamente los valores considerados en las tarifas vigentes, lo que implica que las compensaciones sean asumidas directamente por las compañías.
Como industria, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua de la calidad del servicio eléctrico, pero consideramos esencial que la regulación evolucione hacia esquemas que reflejen adecuadamente los costos reales de cumplir con los estándares exigidos. Solo así será posible avanzar en un sistema tarifario más justo, transparente y que permita garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible para todos los usuarios.
