Empresas Eléctricas alerta sobre la necesidad de cambios en proyecto de ley que amplía subsidio eléctrico

Hoy, Empresas Eléctricas asistió a la Comisión de Minería y Energía del Senado para participar en la discusión del proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a que se refiere el artículo sexto transitorio de la ley N°21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento en la ley N°18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Boletín N°17.064-08).

Juan Meriches, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., señaló el reconocimiento del gremio hacia la decisión del Ejecutivo de ampliar la cobertura del subsidio eléctrico y la importancia de establecer un subsidio permanente para los clientes eléctricos más vulnerables, lo cual hasta ahora no existía en el país.  “Este subsidio transitorio como un paso inicial hacia una política pública permanente que brinde apoyo continuo a los usuarios con mayores dificultades económicas”.

Mencionó que, al cierre de 2024, se registraron 455 mil clientes morosos, con deudas superiores a los 45 días, lo que, aunque representa una disminución respecto a meses anteriores, sigue siendo una cifra significativa. Este comportamiento de morosidad mostró una tendencia a la baja durante el último trimestre de 2024, pero aún supera los niveles pre-pandemia.

Posteriormente, centró su intervención en aspectos menos discutidos del proyecto de ley, relacionados con la Ley 18.410 de la SEC, identificando tres puntos clave:

  • El aumento de compensaciones por interrupciones de suministro.
  • La ampliación de las atribuciones de la SEC.
  • Las nuevas exigencias de atención al cliente.

Respecto al primer tema, explicó que el proyecto propone modificar el cálculo de las compensaciones, pasando del parámetro actual de cinco veces la tarifa vigente del cliente final a uno equivalente a 35 veces dicha tarifa, lo que significa un aumento de siete veces respecto a lo vigente. Consideró esta medida desproporcionada y alertó sobre su impacto, argumentando que podría comprometer la continuidad financiera de las empresas de distribución, cuyos ingresos son regulados. Explicó que, “dependiendo de la empresa concesionaria, esta modificación representaría un impacto financiero que podría alcanzar entre el 8% y el 23% de los ingresos regulados de 2024, superando ampliamente el límite del 5% establecido para otras industrias energéticas, como la transmisión y la distribución de gas por red”.

Además, advirtió que este incremento podría traducirse en un alza tarifaria del 5% para los clientes regulados, según análisis realizados por la consultora Valgesta, dado que las tarifas de distribución se calculan en función de una empresa modelo que reflejaría este cambio.

En cuanto a las atribuciones de la SEC, destacó que, aunque consideran positivo que se fortalezcan las facultades del organismo para exigir planes de acción y cumplimiento, estas deben estar claramente delimitadas para evitar arbitrariedades o ilegalidades. Propuso que “las exigencias se enmarquen estrictamente en la normativa vigente y que se definan mecanismos específicos, como reglamentos, para garantizar una implementación adecuada”.

Además, sugirió que la presentación de un plan de cumplimiento debería suspender los procedimientos sancionatorios, siguiendo el modelo de regulación ambiental, donde el proceso sancionatorio se detiene mientras se subsanan los incumplimientos mediante dichos planes.

Respecto a las nuevas exigencias de atención al cliente, expresó su preocupación por una indicación añadida en la Cámara de Diputados que obliga a las empresas distribuidoras a garantizar atención humana en todas las interacciones telefónicas y electrónicas en un máximo de cinco minutos, sin reconocimiento en los procesos tarifarios y con sanciones por incumplimientos.

Argumentó que esta medida es impracticable, ya que contraviene el avance tecnológico y digitalización de los servicios, como el uso de aplicaciones y sistemas automáticos.

Advirtió que “esta exigencia representa una carga operativa desproporcionada, especialmente en situaciones de crisis”, y señaló un trato desigual al no aplicar estas obligaciones a otras industrias como las sanitarias o las telecomunicaciones.

Además, criticó que se impida trasladar los costos de estas medidas a las tarifas, lo cual contradice el principio regulador de que las exigencias normativas deben ser reconocidas en la tarificación.

Concluyó su intervención afirmando que el proyecto, en su estado actual “no aborda el problema de fondo relacionado con la resiliencia de las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos ni contribuye a cumplir los objetivos de la política energética, que busca reducir las interrupciones a cuatro horas para 2035 y a una hora para 2050”.

Meriches propuso avanzar en discusiones que permitan adaptar la legislación para habilitar inversiones urgentes en resiliencia climática y adaptación a la transición energética, bajo esquemas que ofrezcan garantías a las inversiones a largo plazo y certeza en su ejecución.

También planteó que este enfoque podría impulsar el desarrollo de tecnologías como la generación distribuida, el almacenamiento residencial y la electromovilidad, las cuales actualmente enfrentan limitaciones por la falta de inversión adecuada.

Señaló que han estado dialogando con el Ministerio de Energía para avanzar en estas propuestas y confía en que las conversaciones deriven en soluciones concretas que beneficien tanto a los usuarios como a la industria.

Revisa la presentación aquí.

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Prensa

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