El director ejecutivo del gremio Rodrigo Castillo, sostuvo que la nueva fórmula propuesta es concordante con una mirada de “política pública que beneficiará a los usuarios de menores recursos y de zonas menos densamente pobladas”.
Ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. expuso la posición favorable de la entidad al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas del sector.
Castillo sostuvo que la filosofía detrás de la iniciativa es que, generalmente, los sistemas de fijación de precios regulados implican el establecimiento de subsidios cruzados entre categoría de clientes, generalmente, en beneficio de los de menores recursos.
El personero explicó que en un proceso regulado, para definir la tarifa usuario, se toman en cuanta dos factores: la infraestructura necesaria para dar el servicio y cuál es el número de clientes entre los que distribuiré dicho costo. De esta manera, históricamente, aquellas comunas más pobladas, por ejemplo de Santiago, si bien tienen un mayor consumo eléctrico, su tarifa unitaria es más baja porque el costo de brindar el servicio es más económico y se compensa entre un mayor número de clientes, lo contrario a lo que ocurre en zonas más aisladas o rurales donde el costo de servicio se encarece.
Por ello, si bien la norma actual es correcta desde el punto de vista del sinceramiento del costo real del servicio, es discutible desde un punto de vista de política pública y, consecuentemente, el proyecto en trámite si bien constituye “una distorsión de precios (…) desde el punto de vista de política pública tiene sentido” para favorecer a los más pobres.
Castillo precisó que esta diferencia entre usuarios ya se compensa al interior de cada aérea tarifaria con la actual normativa, pero no a lo largo del país, donde la densidad poblacional de las grandes urbes no se contrapone a la menor población de las otras localidades.
De este modo, reafirmó, el actual proyecto realiza una ecuación de los costos que se cobra a cada cliente para “evitar de forma significativa que los habitantes de zonas más pobres y menos densas o aisladas paguen más que los clientes en ciudades más pobladas”.
Asimismo, porque se fija un segundo parámetro de beneficio a favor de aquellos territorios donde se produce la energía. En este punto, sin embargo, hizo notar que no siempre las poblaciones que más se impactan con el establecimiento de una central es la que corresponde al límite comunal.
Finalmente, postuló, según lo que informa la Cámara de Diputados, que para las empresas lo deseable habría sido que esta nueva modalidad se aplicara a partir del próximo proceso de regulación de tarifas, pero están abiertos a la decisión que adopte el Ejecutivo.
Horarios punta
El diputado Sergio Gahona (UDI) consultó al representante de las empresas si es posible instalar un sistema similar de subsidio cruzado en el uso de energía en horas punta, que afecta principalmente a los agricultores, en particular en zonas que han sido golpeadas con la sequía.
Sin embargo, Rodrigo Castillo explicó que producir energía no tiene el mismo valor dependiendo del horario, ya que las empresas deben contar con la infraestructura permanente para solventar la mayor demanda de consumo en los horarios punta. En esa línea, señaló que parece más razonable promover subsidios directos a dichos sectores, promoviendo la eficiencia energética, más que eliminar el horario punta. Asimismo, recordó que la generación en el país sigue siendo muy cara por uso de combustibles como el diésel y que se debe avanzar en dar solución a esta situación.
Al respecto, el diputado Gahona indicó que no le pareció satisfactoria la respuesta para “los requerimientos que nosotros tenemos en beneficio de los pequeños agricultores de las regiones de Atacama y Coquimbo que en horarios punta tienen cobros abusivos respecto del cobro de la energía”.
Añadió, asimismo, que de la misma manera como este proyecto postula una equidad tarifaria para los clientes residenciales, “también debiera existir para actividades como la agricultura” y anunció que presentará indicaciones a la norma en dicho sentido.
La diputada Yasna Provoste (DC), presidenta de la Comisión de Minería, en tanto, consultó si el alza de las tarifas es atribuible a este proyecto como “algunos sectores han intentado plantear”.
“Él fue absolutamente claro y categórico diciendo que no es atribuible (…) sino a una mala gestión en la administración anterior que no tramitó los decretos tarifarios y que, por lo tanto hoy día, ha obligado a las empresas, en los momentos más difíciles que tal vez ha tenido en la historia del negocio eléctrico, reliquidar esta relación con los distintos clientes”.
Nota en Revista Electricidad
