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RODRIGO CASTILLO: “LOS PROYECTOS SE HAN CAÍDO NO PORQUE LA GENTE PROTESTE, SINO QUE PORQUE AL MIRARLOS DOS VECES NO NOS HEMOS DADO CUENTA QUE ESTABAN MALOS”.

REVISTA CAPITAL

Hace cinco meses Revista Capital emprendió un ejercicio inédito. Reunió a 50 profesionales de diversas áreas para compartir diagnósticos, ideas, preguntas y propuestas y así definir un mapa de los principales desafíos para que Chile crezca de manera más sustentable. Fueron cuatro ejes –Desafección Social, Energía, Cuidad y Recursos Naturales– los escogidos para guiar el debate. Aquí mostramos sus principales conclusiones. Por Aldo Cerda, director general Desafíos Capital

Con el fin de hacer un aporte de largo plazo para Chile, Revista Capital convocó a cincuenta destacados profesionales de diversas áreas para generar un debate único. Una invitación a elevar la mirada más allá de la coyuntura, a dejar de lado las discusiones políticas propias de un año electoral y enfocarnos en el futuro, uno que puede ser distinto, ya sea si dejamos las cosas como están o progresamos hacia lo que queremos para las nuevas generaciones.

Esto es Desafíos Capital, un experimento que partió hace cinco meses como un laboratorio para aunar voluntades, generar consensos, plantear preguntas y también propuestas.

¿Qué nos motivó? En primer lugar, el hecho de que las hipótesis que vemos a diario respecto a las fuerzas de cambio en la sociedad chilena, la oposición a proyectos de diverso tipo, o incluso la llamada crisis energética, han estado profundamente impregnadas por visiones economicistas o sociológicas que tienen como trasfondo una agenda política de corto plazo, la que claramente no nos permite mirar más allá de la actualidad.

En segundo lugar, la experiencia de The Note –una alianza editorial de Revista Capital y ActionAbility Institute– donde siete empresas líderes de Chile (Arauco, Copec, Concha y Toro, Enersis, Falabella-Sodimac, LAN y Nestlé) apostaron a construir una agenda larga en temas de sustentabilidad. Esta experiencia nos obligaba a liderar una iniciativa ambiciosa en este ámbito, que evidenciara cómo los problemas de fondo del país corresponden a aquellos desafíos de sustentabilidad mal conceptualizados, pobremente gestionados y escasamente difundidos.

En esta iniciativa, apelamos a las audiencias que aún no han priorizado la sustentabilidad como un nuevo y necesario enfoque de gestión de sus negocios. Por años, este concepto se ha limitado a la protección ambiental, dejando de lado sus dimensiones social y económica, precisamente aquéllas que hoy caracterizan la agenda de crisis y cambio del país.

Éste no es un ejercicio teórico. Tampoco aspirábamos a los consensos. Es más, hubo varios desacuerdos y los documentos de cada área no necesariamente implican que existió unanimidad. Pero queríamos visiones y propuestas nuevas. Preguntas más que respuestas. Por eso apostamos por profesionales que están en la “línea de fuego”. Doers más que Thinkers, los que participaron de cuatro diferentes grupos de desafíos: Desafección Social y Desarrollo, Energía, Ciudad Sustentable y Descomoditización de los Recursos Naturales.

Resumir todo el trabajo fue una tarea titánica, pero provocadora. Aquí mostramos las 20 claves que emergieron de estos trabajos. Un resumen de los mismos en la voz de sus protagonistas se presentan en la sección siguiente, y la versión integral de los documentos de cada Grupo Desafío se presentará en los siguientes números de The Note.

1. No existen empresas 100% “sustentables”

Cuando la expresión “sustentabilidad” entró en el lenguaje corporativo (muchas veces mal entendida sólo como una preocupación meramente ambiental), prontamente su uso se degradó por la abundancia de expresiones del tipo “empresa sustentable”, “proyecto sustentable”, “mall sustentable” o incluso el oxímoron “explotación sustentable”.

La sustentabilidad es un vector, no un estado. Indica la dirección en la cual mejora (o se deteriora) la gestión económica, social o ambiental de una empresa, pero no existe un nivel “sustentable”.

Los resultados del Índice de Sustentabilidad Corporativa 2012 (www.thenote.cl/viewer/show/15#) nos muestran que aun cuando se definan ciertos umbrales que la propia sociedad determine como de performance “aceptable”, las 110 principales empresas chilenas no alcanzan siquiera la nota 4.0.

2. La pérdida de legitimidad institucional

La concatenación de eventos de distinta naturaleza en un período relativamente corto (menos de un quinquenio), donde se hicieron públicos eventos de corrupción, aprovechamiento, fraudes, etc., minaron el modelo de convivencia prevaleciente en Chile y que el país enarbolaba orgulloso. Instituciones tradicionales de la sociedad, algunas de ellas referentes morales, y el propio Estado, cayeron en descrédito, y entonces el país se quedó sin el entramado de articulaciones legitimadas sobre la cual se fundó su desarrollo en los últimos 20 años.

En algunas de estas instituciones ha estado el núcleo de quienes se oponen a aceptar que “el modo chileno de hacer las cosas” está en tensión. Así las cosas, la desafección social seguirá expresándose y el clima de desconfianza podría terminar instalándose.

3. La ciudad y la energía serán los principales “campos de batalla”

No es de extrañar que la oposición a desarrollar nuevos proyectos energéticos o a permitir la instalación de un nuevo centro comercial sean los íconos de la desafección. Ambas tipologías de proyectos “ocupan” importantes espacios del territorio que son percibidos como propios por la ciudadanía, la cual “siente” que los canales formales (EIA, ejercicios de participación, sistemas de compensación) no les proveen de garantías.

La gente entiende que sin energía no sólo se encarecerá el costo de la vida, sino que se dificultará la competitividad. También entiende que un mall podría valorizar su entorno. No es que se necesite explicar mejor esas relaciones, lo que hay que entender es que detrás de esa oposición está la forma como la gente aprendió que sus demandas son escuchadas.

4. Los problemas de sustentabilidad más urgentes son sociales y económicos, no ambientales

Uno de los argumentos recurrentes para descartar un enfoque sustentable en los negocios es que dentro de las preocupaciones ciudadanas, “Protección del Medio Ambiente” ocupa lugares secundarios. El problema radica en que sustentabilidad es más que eso. ¿Barrancones, Freirina, HidroAysén, Cerro Barón, por mencionar algunos, han sido bloqueados por razones ambientales? En parte sí. Sin embargo, y más allá de que podría haber quienes se opongan sí o sí a este tipo de iniciativas, en mayor medida han sido cuestionados por la forma como sus proponentes han comunicado y gestionado sus impactos.

5. El empoderamiento es “hijo” del propio modelo de desarrollo

Un jefe de familia de clase media emergente, que no cuenta con el apoyo subsidiario del Estado, y que ha sido capaz de comprar su casa, adquirir un vehículo, sacar adelante la educación universitaria de sus hijos (la primera generación de su familia en tal condición), e incluso hacer sus primeros viajes al extranjero, no considera al modelo actual como un artefacto frágil que debe ser cuidado. Su mismo progreso, que lo empodera y lo hace tener una voz propia, lo compara con el de otros que han avanzado más rápido por su origen o circuito.

6. La gente debe creer que los derechos están de parte del más débil

Parte de la confusión en el mundo empresarial con el nuevo contexto social tiene que ver con que resulta difícil entender el rechazo a proyectos que aportan al bien común, y ello se explica porque ha cambiado la noción de qué es lo común o qué entendemos por sentido común.

Como no ha existido una aleación a lo común en las últimas décadas, sino que se ha exacerbado la noción de lo individual, se ha generado en la población la noción de país que no me involucra más que de manera oportunista. Cuando una “autoridad” apela al bien común, se percibe como la búsqueda de algo que poseo, y que la forma de compensación será asimétrica o tardía.

El mercado no es moralmente responsable de lo anterior: es el mejor sistema existente para crear valor económico. No obstante, se requiere de un esfuerzo del Estado (y sus poderes), para generar aglutinante social.

7. El sincretismo del mercado se impondrá. ¿Es una buena noticia?

El movimiento hippie de fines de los 60 terminó sucumbiendo cuando quedó en evidencia que el mercado ya había capturado sus principales símbolos. ¿A qué viene lo anterior? A que el mercado, que es valóricamente neutro, identifica rápidamente nuevas formas de demanda, cataliza el afán de lucro y es un movilizador insuperable de recursos para satisfacerlas.

Si hoy existe una “demanda” derivada del abuso, de las desigualdades, o de la búsqueda de respeto, entonces el mercado will find the way para satisfacerla.

Esto, que pareciera ser reconfortante para las empresas, tiene dos salvedades: que el mercado resuelva el tema no implica que serán las empresas existentes las beneficiadas. Por otra parte, en ciertos sectores (como es el caso de energía), la competencia está restringida por el rol regulatorio del Estado, lo que hace más intrincado para los “entrantes” desbancar a los incumbentes.

8. Si no existe un cambio en los incentivos, la empresa no se re-creará

Los ejecutivos de las empresas se mueven por incentivos. Éstos tradicionalmente se ligan a resultados de corto plazo y sus metas no se hacen cargo de las condiciones “ambientales” que dificultan seguir creciendo de la misma forma. Si la meta de un retailer en Chile es duplicar ventas, la lógica de corto plazo no favorece ni la innovación ni las opciones de riesgo o retorno de largo alcance.

El escenario de negocios en Chile cambió y ello posiblemente se replicará en los otros países donde se opera, por lo que los sistemas de incentivos a los ejecutivos deben hacerse cargo de ese cambio. Si ello no ocurre, entonces el business as usual generará una enorme presión de corto plazo por cumplir con las metas establecidas, dejando de lado la conexión con la comunidad. Así, los proyectos chocarán con una muralla infranqueable de oposición política y ciudadana. En ese entorno, la posibilidad de cumplir las metas podría llevar a la tentación de “torcer” el camino y generar prácticas que dañan la ya alicaída percepción de fair play.

9. La industria de reputación corporativa no está en sintonía

Cuando los temas de sustentabilidad están alineados a la actividad central de una empresa, generalmente se produce un círculo virtuoso de identificación de las preocupaciones clave de los stakeholders y su gestión efectiva y, por ende, mejoras en la performance. Pero, un entendimiento superficial de los temas produjo en su momento una asociación de sustentabilidad con RSE y de ésta con reputación corporativa. Así, se buscó generar una relación entre valor de la marca y acciones de bien social (generalmente filantrópicas), las que recibieron amplia cobertura y se caracterizaron por “la auto-premiación entre pares”. Si el círculo “se auto-premia”, si la comunicación que se da en los reportes no contiene auto-crítica, si existe abuso de lenguaje y si la sustentabilidad es entendida como una moda, entonces la desconexión del quehacer de las empresas con el entramado social “real” es evidente.

La responsabilidad no es sólo de las empresas. El propio Estado “juguetea” con sellos discrecionales de buen comportamiento; las ONG, otrora fiscalizadoras, ahora promocionan comercialmente sus logos y nadie hace accountability de las promesas.

10. La política urbana es un instrumento clave para reducir la desigualdad social

La desigualdad amenaza con convertirse en caldo de cultivo de una cultura reivindicatoria. Tal como se vio en la clave 3 (“el campo de batalla”), la ciudad es el reflejo de estas desigualdades (segregación socio-espacial, el acceso inequitativo a los bienes y oportunidades que la ciudad ofrece, mayores tiempos de viaje, entre otras) y, por ende, las intervenciones urbanas constituyen instrumentos aptos para corregirlas.

Lo anterior tiene distintas “bajadas”, pero en general, el espacio de acción se abre en tres dimensiones: infraestructura, transporte público y servicios públicos. El reto (y la oportunidad) del urbanismo para hacer innovaciones de clase mundial no tiene que ver con consideraciones estéticas o funcionales: su gran desafío es cómo incorporar la participación ciudadana a la construcción de propuestas y abandonar el tradicional enfoque top-down y de sesgo elitista.

11. La lógica de las compensaciones no destrabará el escenario eléctrico

El sistema de compensaciones que una empresa debe ofrecer a las localidades donde emplazará un proyecto eléctrico adolece de varios problemas. Primero, el término (“compensación”) es poco feliz. Evidencia que dado que los tributos no beneficiarán en forma directa a la comunidad o su territorio, es necesaria una contribución directa de los proponentes a cambio de aceptación.

El problema es que la comunidad no conoce ex ante los impactos del proyecto más que por lo que declara la empresa, la cual tiene conflictos de interés. En segundo lugar, la evidencia demuestra que mientras más tardío sea el acuerdo y mientras mayor haya sido la oposición, aumenta el precio de la “compensación”. En tercer lugar, compensación hace referencia a pagar por un daño, pero la comunidad quiere mucho más que “empatar”. Finalmente, el Estado ha jugado un rol zigzagueante, lo que ha deslegitimado el carácter “justo” de esta práctica.

¿Cómo se soluciona? Las empresas deben moverse hacia la lógica de valor compartido. Así, la invitación a la comunidad potencialmente afectada por el desarrollo de un proyecto es a transformarse en socia, internalizando los costos y beneficios. No se trata de promover tal o cual sistema de co-propiedad.

12. Aportes a la comunidad: del lump sum a la lógica de los dividendos

Los aportes que se hagan con la lógica de valor compartido a la comunidad deben tener dos características, aparentemente contrapuestas. Por una parte, las “promesas” de beneficios deben ir materializándose desde las primeras etapas. Por otra, se necesita el compromiso de largo plazo de la comunidad con ese proyecto, sobre todo en las inversiones en energía, que generan poco empleo en la etapa de operación. Por ende, el flujo de beneficios debe “distribuirse” inter-temporalmente, de manera de asegurar el continuo apoyo de la comunidad.

Los sociólogos en esta materia recomiendan esquemas de valor compartido simples, como por ejemplo, bonos de producción. Si las personas tienen acceso a la información de base para hacer sus propios cálculos y la entrega de beneficios coincide con lo anterior, se ahorrarán explicaciones.

13. A pesar de todo, se necesita más Estado

Cuando un gobierno declara que la violencia es un conflicto entre privados, o cuando permite que opere esa lógica de facto al no intervenir en el violento (y armado) ataque de una comunidad a científicos que estudian una zona, o cuando todo el mundo clama por una política de ordenamiento territorial, es claro que el Estado se ha ausentado de roles clave.

Los conflictos de intereses determinaron que el Estado no tenga hoy la legitimidad de la que, en algunos casos, usufructuó en el pasado. Pero de ahí a “lavarse las manos” de los temas que presionan la agenda, está toda la diferencia respecto del liderazgo que se necesita.

14. Apelar a los mecanismos tradicionales de legitimización no tiene destino

La existencia de una industria de “oposicionismo” es real. También lo es la judicialización de muchas causas. Pero suponer que estos dos factores explican el enorme cambio en la forma en como se aprueban socialmente proyectos en Chile, es pecar de ingenuidad. La comunidad (y las personas) ya saben que pueden poner freno a prácticamente cualquier proyecto. También lo saben las empresas. Si antes las inauguraciones eran la norma, hoy se ha vuelto al modelo de “que no se sepa lo que estamos haciendo y menos si nos ha ido bien”.

El país pecó de instalar una escenografía de desarrollo, sin construir los fundamentos del mismo. Hoy, eso ya no es posible. Con una ciudadanía empoderada, muchos no quieren asumir que hay que negociar en forma distinta. Que hay nuevos actores, y que si ellos no están de acuerdo, la viabilidad de los proyectos es nula.

15. El municipio podría ser el actor clave en la integración y la negociación

Marcelino Carvajal es el alcalde de Mejillones. Todos quienes lo conocen dicen que es único, que Mejillones hoy es otra. Marcelino es duro: todas las propuestas de nuevos proyectos han visto elevar sus expectativas iniciales de “compensación”. Todos saben que de no contar con su visto bueno, los trámites que deben ser aprobados a nivel comunal pueden dormir el sueño de los justos. Pero Marcelino es leal. Una vez acordado algo, él es un activo promotor de la iniciativa.

En el Grupo Desafío de Ciudad Sustentable, la existencia de pilotos de intervención habla de zonas donde las condiciones de desigualdad son inaceptables, pero donde “la esperanza” de una intervención reconstitutiva pasa por un alcalde empoderado. No existe el mismo consenso sobre el rol de los alcaldes en el Grupo Desafío de Energía. Aunque se reconoce como virtuoso el caso de Marcelino, se infiere que la industria teme la “captura” de los programas de compensación (o de valor compartido) por parte de las alcaldías, y preferiría una dispersión del poder en otras formas de organización e institucionalidad.

16. La discusión no es sobre clusters, sino sobre aprovechar industrias de clase mundial

Eduardo Bitrán y Hernán Cheyre pueden discutir años respecto a privilegiar o no ciertos sectores dentro de la estrategia de innovación, y resulta de gran interés para las políticas públicas que el eco de sus diferencias no se refleje en cambios zigzagueantes de aquélla. Sin embargo, una alternativa pragmática podría ser convenir focalizarse en un tema parecido, pero diferente: ¿cómo podemos potenciar un desarrollo sustentable de Chile, partiendo de aquellos sectores donde el país ya tiene actores de clase mundial?

17. El desarrollo de las industrias de recursos naturales dependerá de sus particularidades

Chile tiene exportaciones relevantes en estas industrias, pero es poco probable que ellas se expandan considerando las restricciones objetivas de crecimiento que se enfrentan. Sin embargo, el tamaño de estos sectores permitiría habilitar una industria de servicios de clase mundial, tanto en la tecnología como de soluciones de gestión.

En el caso de los sectores de recursos renovables, ellos acostumbran a privilegiar el crecimiento de una porción de biomasa a expensas de otras funciones de los hábitats donde se insertan, por lo que las oportunidades pasan por potenciar el valor de los servicios ecosistémicos en los cuales se desenvuelve la industria “mayor”.

18. Al parecer no existe tal cosa como la maldición de los recursos naturales

Desde los 60, y derivado de lo que se conoce como “la enfermedad holandesa”, se propagó la tesis de la “maldición de los recursos naturales”. Ella se formalizó en un trabajo de Jeffrey Sachs y Andrew Warner (“Natural Resource Abundance and Economic Growth”), donde examinaron 97 países para el período 1971-1989, y encontraron que los países con altos niveles de exportaciones de recursos naturales tenían, en general, un crecimiento económico anormalmente lento en relación a otros.

Sin embargo, en los últimos cinco años la noción anterior ha comenzado a perder fuerza. No sólo porque países como Canadá, Suecia, Noruega, Nueva Zelandia o Australia tengan una alta proporción de sus exportaciones basadas en recursos naturales, sino porque industrias relevantes de exportación tienen importancia en la generación de encadenamientos virtuosos con su supply chain, en su demanda de servicios y en su reclamo creciente por una oferta de recursos humanos más capacitados y de mayor productividad.

19. Las industrias que actúan pueden acometer desafíos más complejos

La industria forestal lideró la adopción de tecnología de punta a fines de los 80 y principios de los 90. La industria del vino hizo lo propio en el campo de las competencias laborales. Hoy, la mayor parte de los actores de la gran minería da un paso adelante con la constitución del Consejo de Competencias Mineras.

Cuando existe el capital social para generar acuerdos intra-industria, la ambición de los proyectos es mayor, las oportunidades de escalar en competitividad son mejores y la generación de oportunidades al conjunto genera encadenamientos virtuosos.

Hay que repensar el concepto de valor agregado. ¿Por qué la industria forestal no exporta muebles o casas? ¿Por qué la industria minera no avanza a integrarse a la producción de microprocesadores? Mil veces hemos escuchado esas preguntas. Mil veces nos han explicado que no tenemos la escala. Pero en el inconsciente colectivo se aspira a emprendimientos del tipo Crystal Lagoons.

Claramente, nos falta más relato para dejar atrás esos lugares comunes. La industria minera debe relevar que aspira a replicar la experiencia de Suecia o Finlandia, que apostaron a diversificar su cluster, potenciando los servicios tecnológicos para la minería. El sector forestal tiene el know how y los recursos para transformarse en el principal desarrollador de los servicios ecosistémicos de una cuenca. La industria del vino no debe mirar a Napa para saber que generar experiencias únicas no se reduce sólo al momento en que se abre una botella, sino que el territorio, la historia, la cultura, la relación con el medio y su gente. En suma, hay que generar las métricas que capturen estas fuentes de valor y que se puedan comunicar a audiencias.

20. Acabar con la incoherencia de leyes cortas y proyectos megalómanos

La Ley de Bosque Nativo tuvo 18 años de trámite y sólo pudo ser aprobada una versión “corta”. Mientras, el recurso que potencialmente provee la forma más eficiente de generar energía verde languidecía por falta de manejo y degradación ilegal. Lo mismo ocurre para otros sectores. Una cosa es reconocer la complejidad de sacar adelante una agenda legislativa, pero una muy diferente es renunciar ex ante a proponer una visión país lo suficiente amplia que recoja distintas sensibilidades.

Todo lo contrario ocurrió con el Transantiago. Un proyecto megalómano que no se hizo cargo de las enormes dificultades de coordinar y eficientar un sistema complejo. Cuando hoy hablamos de intervenciones urbanas, es mucho menos relevante disponer de un Alcalde Mayor, que apostar por cinco, diez, quince comunas con graves problemas, pero con “hambre” de mejora, y generar experiencias piloto que nos permitan aprender que en los sistemas vivos no existen soluciones mágicas.

Valor Compartido en el Sector Energía

Parte importante de este grupo reconoce que se ha avanzado en una política nacional de energía hacia 2030. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo la gran oposición social a todos los proyectos en desarrollo y estudio (sean de gran escala o no). Sin su materialización, el costo de la provisión de energía eléctrica se transformará en un importante factor de pérdida de competitividad para el país.

Hasta hoy, la dinámica se ha centrado en la mitigación y compensación de los impactos de los proyectos. Este grupo examinó el rol potencial de incorporar el criterio de valor compartido como forma de destrabar la realización y aceptación de los proyectos que el país requiere. Cabe destacar que fue el grupo que tuvo más disidencias. De hecho, una de las profesionales convocadas señaló su desacuerdo con más del 95% de los postulados que se recogen en los 20 desafíos.

Diagnóstico

En un contexto de productividad laboral del país relativamente baja; fuertes presiones al alza de los salarios reales; un tipo de cambio que difícilmente se recuperará en el corto plazo y una tecnología en el mercado de los commodities que no es un factor de diferenciación, la competitividad del sector exportador requiere energía eléctrica segura y de bajo costo. Sin embargo, éste no es el caso de Chile. Cada vez es más difícil lograr la aceptabilidad de fuentes de generación e incluso de transmisión eléctrica.

Entre el 2012 y el 2030, y dependiendo del si el escenario futuro es uno que promueva las energías renovables no convencionales (ERNC) o esté basado en energías convencionales, se requiere que la capacidad instalada de hidroeléctricas de gran escala aumente entre 1.840 y 7.300 MW, la proveniente de mini-hidro (menor a 20 MW) entre 840 y 1.050 MW, la de termoelectricidad convencional (carbón, diesel y GNL) entre 1.000 y 3.600 MW, la geotérmica entre 1.750 y 5.200 MW; la solar entre 2.000 y 5.000 MW, y la eólica en 2.500 MW aproximadamente.

Desde 2006, cuando se produjo el acuerdo de Endesa y Colbún para llevar adelante el proyecto Hidroaysén, se ha verificado una creciente y diversa oposición de grupos organizados de la sociedad civil y también en ocasiones de autoridades locales o regionales, a la materialización de nuevos proyectos eléctricos de casi cualquier tipo. 31 proyectos por un total de 17.555 MW han sido cuestionados en los últimos años. La oposición incluye a proyectos del tipo ERNC. Una muestra de la relevancia que está tomando esta oposición fue la decisión de relocalizar la central Barrancones, luego de protestas ciudadanas.

El desarrollo de la geotermia, actualmente en fase de exploración, también ha sido fuertemente cuestionada. La paradoja hoy es que, independientemente de cuán agresivo o no sea el escenario de penetración ERNC, socialmente se percibe que casi cualquier proyecto eléctrico es indeseable. La oposición es transversal respecto del tipo de proyecto, sea una planta termoeléctrica a carbón o hídrica de gran escala, una central mini-hidro, geotérmica, o eólica.

Considerando que la capacidad de generación debe duplicarse en un período relativamente corto, es un desafío capital de la máxima urgencia encontrar caminos para superar esta creciente conflictividad.

Propuestas

En un entorno donde la instalación de un proyecto en un determinado territorio se ve más como una amenaza que una oportunidad, y en el cual la “mitigación” y “compensación” ya no representan una oferta suficiente para la ciudadanía, resulta claro que tanto las empresas como el Estado deberán asumir mayores compromisos.

Se debe avanzar en responder todas las aprensiones, siendo una de las más difíciles la que se refiere al derecho a percibir beneficios por el uso de los bienes públicos, como es el caso del uso del territorio. De allí la necesidad de avanzar hacia la lógica de valor compartido como una forma de lograr cambiar la percepción de legitimidad social para los proyectos.

Dejando de lado la natural tendencia a la defensa corporativa de los proyectos, es claro que se necesita también una base mínima de condiciones que éstos deben verificar sí o sí a futuro, de modo de evitar que los proyectos “cuestionables” contaminen la percepción pública de todo el resto. Los elementos que se perciben como primarios para asegurar un mínimo de legitimidad son:

1. Cumplir el mínimo de la ley hoy es inaceptable para la ciudadanía, ya que ella percibe que la ley no regula los conflictos de interés y no vela necesariamente por la maximización del bien común. Además, hay legislación sin la debida coherencia intersectorial.

2. El Estado debe ser un garante de la integridad social y ambiental de los proyectos. Asimismo, debiera apoyar el cumplimiento de acuerdos y compromisos.

3. Se debe involucrar en forma efectiva a la comunidad potencialmente afectada desde el inicio. El diseño debería ser co-creado, tomando en consideración las aspiraciones y temores de los stakeholders.

4. El proceso debe caracterizarse por una especificación clara de los compromisos con la comunidad y que permita trazabilidad de su cumplimiento.

5. Si la comunidad percibe “prisa” por los acuerdos, aumenta el precio de la “licencia”. En cambio, si esto se presenta como una relación de largo plazo, la comunidad mejora su percepción. Se debe buscar una forma “societaria” de relación.

Rodrigo Castillo:

 “Los proyectos se han caído no porque la gente proteste, los proyectos se han caído porque dado que la gente protesta, los hemos mirado dos veces y al mirarlos dos veces no hemos dado cuenta que estaban malos”.

REPORTAJE COMPLETO REVISTA CAPITAL

 

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