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REVISTA ECOEMÉRICA: ¿CUÁL ES LA ENERGÍA DE TU CANDIDATO?

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La segunda semana de abril, cuatro candidatos al sillón presidencial respondieron al llamado a debatir realizado por plataforma Escenarios Energéticos Chile 2030. Así, Tomas Jocelyn-Holt, Andrés Velasco, Laurence Golborne y José Antonio Gómez compartieron su visión sobre el desarrollo energético del país.

¿Cuál es la energía de tu candidato? Con esta pregunta la plataforma Escenarios Energéticos Chile 2030, iniciativa multisectorial que busca instalar el tema energético en el debate público, invitó a los candidatos a la presidencia a debatir. Al llamado respondieron los independiente Tomás Jocelyn-Holt, que hasta diciembre pasado contaba con el apoyo de Chile Primero; Andrés Velasco, ministro de Haciendo del gobierno de Michelle Bachelet, además del candidato de la UDI, Laurence Golborne (uno de los cinco ministros de Energía que ha tenido el actual gobierno) y el candidato del Partido Radical, senador José Antonio Gómez, quien fue ministro de Justicia durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos..

La iniciativa no es nueva, en septiembre de 2009 los entonces candidatos Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominani aceptaron la invitación de Escenario Energéticos a participar de un debate en el seminario Matriz Energética 2010-2030. Fue el primer “debate energético”.

Hoy, bajo el supuesto que la etapa de los diagnósticos del debate energético terminó, Escenarios Energéticos propuso que los candidatos realizaran intervenciones en tonos propositivas. Así, el “si yo fuera presidente…” se repitió en la boca de cada presidenciable.

“Si yo fuera presidente…”, juramentó Jocely-Holt “cerraría la fundición Ventanas”. También ampliaría las centrales GNL y se la jugaría por terminales móviles (offshore) de GNL.

Andrés Velasco prometió un plan regulador a escala nacional para definir los puntos en los que se podrían desarrollar polos energéticos y, “si fuera presidente…no me va a temblar la mano para rechazar un proyecto malo ni para aprobar uno que se ajuste a la legalidad. Vamos a terminar con la política del Chocman y la del telefonazo” (en alusión a recibir apoyos a costa de bonos y pagos irregulares y al caso Barrancones).

José Antonio Gómez se comprometió con una ley que exija la eficiencia energética “en cada una de las actividades productivas y proyectos en Chile”

En un tono más conservador, Laurence Golborne solo aseguró que “de ser elegido presidente” presentaría una agenda específica de reformas y definiciones en materia energética que deberá ser aprobada antes que finalice el primer semestre de su gobierno.

Más allá de las diferencias políticas representadas, los candidatos coincidieron en varios temas. Primero, en la necesidad que el reglamento de la ley sobre net metering conserve el espíritu de la iniciativa, es decir, que la energía inyectada por microgeneradores sea equivalente en precio a la pagada a la distribuidora. Velasco y Gómez concuerdan en este punto.

La necesidad de un ordenamiento territorial para los proyectos de generación se repitió en el discurso de Golborne y Velasco y, la idea de compensaciones directas a las comunidades afectadas por el emplazamiento de centrales fue tópico de las cuatro exposiciones. Incluso se reflotó la idea expuesta por Marcelo Tokman (quien fue ministro de Energía durante el gobierno de Bachelet) en la Cena de la Energía del año 2009, en la que se anunció una ley de compensaciones municipales a favor de las comunas que alberguen proyectos de generación.

Tanto Jocelyn-Holt como Gómez fueron explícitos en señalar que HidroAysén no era necesario, mientras que Velasco y Golborne apostaron por reforzar la institucionalidad ambiental y dejar en ella la decisión.

Con este primer debate, la plataforma Escenarios Energéticos dio inicio a una serie de encuentros que espera continuar con dos foros que serán transmitidos por televisión abierta (vía TVN). El primero se realizará a fines de mayo y participarán los precandidatos que irán a las primarias del 30 de junio; el segundo, a fines de agosto, se realizará con los candidatos presidenciales y centrará la discusión en propuestas específicas.

REVISTA ECOAMERICA

 

TOMÁS JOCELYN-HOLT

Hoy existe un grado de frustración importante en torno al desarrollo energético del país. Esto no es casual. Este gobierno tomó dos decisiones que han terminado por elevar al grado de incertidumbre al largo plazo.

Lo sucedido en torno a Barrancones e HidroAysén son los hechos que hoy más impactan en la agenda energética y cómo ésta se va a ir desarrollando. La postergación de proyectos ha estado influida por estos dos proyectos. Mientras el primero bypaseó el sistema legal, el segundo solo genera incertidumbre. Ante esto, este gobierno ha optado por chutear el problema para el siguiente periodo presidencial.

En este cuadro, el Presidente de la República explicita su apoyo a la idea de una ley de carretera eléctrica que no va a ser despacha en este periodo y a una interconexión SIC-SING, sobre la que es muy discutible que tenga beneficios sociales que justifiquen que la señora Juanita pague por ello.

La idea de un proyecto de ley de carretera eléctrica tiene como objetivo viabilizar un estampillado para que las energías renovables no convencionales (ERNC) puedan incorporase a una matriz de distribución. En tanto un proyecto de ley persiga ese propósito, debería ser aprobado. Junto a eso, se debe establecer un sistema tarifario que permita que se incorporen centrales pequeñas y lejanas a los centros de transmisión. Esto cambiaría la composición de la matriz.

Pero la verdad es que el Grupo Matte (controlador de Colbún, empresa socia de HidroAysén) elaboró este proyecto con el propósito de viabilizar una iniciativa en particular. Y no es lógico que un grupo económico diga lo qué se tiene que hacer, que si no cuenta con una ley especial suspende la construcción de un proyecto. En mi gobierno no se tramitarán temas especiales para grupos particulares.

En segundo término, no incluyamos en un proyecto de ley temas que tienen por objeto resolver asuntos que no corresponden, como servidumbre o el grado de judicialización al que ha llegado el país. Los tribunales están entrando en estos temas no solo por asuntos de interpretación legal o por el activismo de algunos grupos, sino porque la sociedad chilena ha cambiado sus convicciones respecto del equilibrio que debe existir entre energía y medio ambiente. Hoy estos temas no se pueden resolver por secretaría.

O entendemos que en Chile tenemos que estar todos arriba de la mesa para lograr consensos o vamos a seguir generando las condiciones que provocaron las manifestaciones gatilladas por HidroAysén.

Es importante señalar que, a diferencia de lo que se dice, en Chile no va a haber un apagón en el próximo gobierno. Existen 10 mil MW de potencia que se pueden instalar desde el valle central al sur sin considerar Aisén.

Si es que fuera presidente de Chile sería partidario de ampliar las centrales GNL y al mismo tiempo jugármela por una central GNL móvil (offshore). Si se abrieran los terminales existentes y se hiciera un diseño correcto, considerando la demanda en Concepción por cerca de 800 MW, se podrían incorporar cerca de 3 mil MW adicionales los próximos años. Estamos hablando de 13 mil MW de potencia que podríamos tener en el corto plazo, sin considerar HidroAysén.

Es necesario entender que estamos atravesando una discusión profunda respecto del equilibrio entre desarrollo energético y protección del medio ambiente. Es importante comprender esto a fin de quitarle presión al próximo gobierno respecto a un pronunciamiento sobre HidroAysén.

Tenemos que ser capaces de incorporar a los sectores afectados y convertirlos en socios, o no podremos romper la inercia de la discusión. Entendamos que parte de la desconfianza tiene que ver con eso. Las comunidades no son socios del proyecto. Si somos capaces de entender alguno de estos temas, vamos a ser poder tratar los temas de fondo.

Por algo está detenida la agenda energética. Seamos grandes para destrabarla. No solo pidamos confianza o conversar, seamos cándidos entre nosotros para identificar los temas y dejemos la típica discusión entre productivistas y personas que siente que lo que están juego en el país es la confianza

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ

El tema es complejo y difícil de abordar teniendo en cuenta las condiciones en que hoy está el modelo: concentrado en tres grandes empresas, con un Estado relegado a la función de un regulador sin muchas facultades, en el que el desarrollo y presentación de proyectos se realiza sin una mirada estratégica y política. En ese sentido, el asunto no está en cómo resolver hechos puntuales, sino en cómo el Estado asume que ésta es una tarea de Estado.

Hoy nos tienen a todos aterrados con que se va a apagar la luz y que la inversión se irá del país. La verdad es que no hay ninguna razón para que creamos que eso es verdad.

En la Comisión de Minería del Senado el Gobierno nos dijo que desde el punto de vista de la reserva del sistema de generación, Chile tiene una demanda máxima de un 53% y un margen de reserva de un 47%. ¿Qué significa esto? Que nuestro problema no está en la generación, sino que en la transmisión, en cómo somos capaces de generar un sistema que nos permita disminuir nuestro consumo y transmitir aquella energía que hoy está imposibilitada de hacerlo. Nuestro problema está en la concentración del mercado que impide que ingresen nuevas energías.

En este escenario el gobierno presenta proyectos que al menos son curiosos. La carretera eléctrica no es un mal proyecto, pero tiene el defecto que facilita la instalación de las grandes generadoras, particularmente la de HidroAysén.

Si pudiéramos resolver los problemas de transmisión podríamos resolver, en el corto plazo, los requerimientos de energía que demandará la futura inversión. Esto nos permitiría con claridad y tranquilidad el desarrollo de nuestra matriz energética en un periodo de tiempo razonable y dejar como reserva el potencial de Aisén. HidroAysén no es necesario.

No tenemos que dejarnos llevar por campañas del terror. Solo el 4% de la energía demandada la consumen los ciudadanos. El problema está en la industria, puntualmente en la minería. El problema está en quienes tienen recursos para invertir lo necesario para tener buena energía y que no sea contaminante.

Segundo. Existe la necesidad de que el Estado asuma un rol activo en el desarrollo de la política energética; pero activa de verdad, no solo resguardando el interés económico, sino que además protegiendo el medio ambiente.

Para esto hay que llevar a cabo un programa ambicioso de eficiencia energética. Chile no ha sido capaz de hacerlo con la fuerza que se necesita. Esa es una de las tareas a las que se tiene que abocar el próximo gobierno. Necesitamos una ley que exija eficiencia energética en cada una de las actividades productivas del país y proyectos. Hoy, la mirada aún es muy pequeña.

Ente contexto es importante un buena ley de net metering. La posibilidad de que en Chile exista una ley que permita generación eléctrica vía paneles fotovoltaicos, con la intervención y subsidios que el Estado pueda brindar, se podría traducir en una capacidad energética importante.

Aún está pendiente el reglamento de la ley. La preocupación es que éste termine estableciendo que los micro-generadores reciban una tarifa por la energía que inyectan a la red mucho menor que la que deben pagan por la recibida.

ANDRÉS VELASCO

En mi campaña he enfatizado el rol de la mala política para la falta de solución de los problemas del país.

La mala política no es solamente utilizar el Estado para conseguirles pegas a los amigos como hacen algunos senadores. La mala política no es solamente acusar frívolamente a un ministro de Educación como lo hizo la derecha hace 5 años y como lo hizo la Concertación. La mala política también es mirar hacia el techo cuando hay un problema pendiente. La mala política es detectar un problema, ver que tiene un costo político, no abordarlo y dejárselo al que viene. Mirado desde ese ángulo en Chile tenemos un problema de la energía que viene de la mala política.

La gente está cansada de los políticos que privilegian sus intereses de corto plazo por sobre la solución de asuntos de interés común. Eso es exactamente lo que ha pasado en Chile los últimos años.

La energía es demasiado importante para improvisar y creo que es bueno que los candidatos, en etapas tempranas, den a conocer sus programas. Uno se pregunta qué hizo el Grupo Tantauco porque se reunían mucho en la isla de Chiloé, pero el actual gobierno se demoró dos años en tener una estrategia energética.

Partamos de un diagnóstico básico: Chile tiene un problema serio de energía. No sé si se irá a cortar la luz o no, pues eso no depende del Presidente de la República, depende de cuánto llueva. Lo que sí sé es que Chile tiene una de la tarifas eléctricas más caras de América Latina y vamos derecho a tener una de las más caras del mundo.

Hoy es difícil llevar a cabo proyectos de inversión, sean eléctricos o no. La razón es que le estamos pidiendo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que realice una tarea para el cual no fue diseñado. En Chile tenemos diferencias de fondo, no sobre si las emisiones están uno o dos puntos sobre o bajo el umbral permitido, tenemos un problema respecto de qué tipo de energía queremos y dónde la emplazamos.

Cuando a una comunidad le dicen que se va instalar una planta termoeléctrica a carbón en su bahía, que le digan que el proyecto cumplirá un criterio de emisiones no la tranquiliza. No podemos esperar que el SEIA resuelva ese tipo de problemas, y como hemos sido capaces de hacerlo se los estamos pasando a los jueces y creando un sistema en el que la decisión judicial suplanta a la decisión democrática, con incertidumbres y demoras.

¿Qué proponemos? Primero, un plan regulador para todo el país. Necesitamos aplicar al territorio de Chile lo que tenemos en cada comuna y hacerlo ya, de un modo democrático y participativo, porque una de las cosas que le está faltando al actual sistema es legitimidad. Si no lo hacemos las inversiones se van a seguir demorando y el precio de la energía continuará subiendo.

Lo segundo que tenemos que hacer es compensar a las comunidades afectadas. Cuando estudié economía me enseñaron que si el beneficio de un proyecto es nacional, pero los costos son mayoritariamente locales tenemos una asimetría y, por lo tanto, un problema. Esto se corrige con una ley que permita compensaciones locales.

El ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, firmó una ley el año 2009 que lograba compensaciones a las comunidades en las que se emplazaban los proyectos, y hasta donde sé, la iniciativa está en el mismo lugar en el que estaba el año 2009: guardada en un cajón de la Cámara de Diputados en su comisión respectiva. Necesitamos un sistema de compensaciones porque lo que tenemos en la actualidad son negociaciones bilaterales, muchas veces por debajo de la mesa, lo que se presta para cosas poco santas.

Una ley de compensaciones es buena para las comunidades y la inversión.

Usualmente, en los foros se nos pregunta a los precandidatos qué opinamos del proyecto A o B. No me parece que sobre las base de opiniones personales se deba decidir la suerte de una iniciativa, así no operan los países con buenas instituciones.

Si adoptamos un mecanismo de ordenamiento territorial y uno de compensaciones, tendremos una institucionalidad y es ella la que tiene que tomar decisiones. Si yo soy presidente de Chile, no me va a temblar la mano para rechazar un proyecto malo ni para aprobar uno que se ajuste a la legalidad. Vamos a terminar con la política de Chocman y la del telefonazo.

También necesitamos un Plan Nacional de Energía para que los chilenos sepan hacia dónde va el barco. Por eso sugiero que la Comisión Nacional de Energía, en consulta con un grupo de expertos, presente, cada año, un plan indicativo con metas de generación y de la composición tecnológica de la matriz asociadas a emisiones globales y locales. El gobierno tendrá la obligación de hacer una cuenta pública, ante el Congreso y la ciudadanía, explicando si se cumplió o no el plan.

Cómo economista aprendí que a veces los mercados no funcionan y éste, el de la energía, muchas veces no lo hace, ya sea por la cantidad de externalidades o los intereses cruzado. Por eso hay que hacer más competitivo el sistema: 90% de la generación en el SIC proviene de tres empresas y 95% de seis en el SING,

El tema de las ERNC también necesita ser abordado. Hay mucho potencial, pero no nos quedemos en el titular, vamos al detalle: hay problemas de financiamiento. Es verdad que son menos agudos que hace tres años, pues la banca local ha comenzado a dar créditos, pero con poco apalancamiento y con tasas elevadas. Esto se puede mejorar involucrando a la Corfo. Marcelo Tokman creó un fondo de 400 millones de dólares y no sé que hizo este gobierno con ese dinero, pero al parecer se terminó. Es necesario renovar ese tipo de medidas.

Finalmente, creo que podemos generar a pequeña escala. Para eso necesitamos una ley de net metering que diga a las personas que producen que se le pagará el mismo precio que deben pagar por la electricidad recibida desde la distribuidora, ni un peso más ni un peso menos.

LAURENCE GOLBORNE

La energía es un tema sobre el que nos ha costado alcanzar consensos. Esta dificultad la viví en el Ministerio de Energía y por ello la primera tarea a la que me aboqué fue a la implementación de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (Cade) para tratar de aunar posiciones y generar un diagnóstico transversal. El Cade, en 7 meses, elaboró un informe con los lineamientos que debiéramos seguir. Este diagnóstico tiene que ser la base para la discusión.

Por una parte tenemos que hacernos cargo del consumo de nuestra población y el de la industria. Hoy contamos con una capacidad instalada cercana a los 18 mil MW, pero los próximos años necesitaremos aprobar y concretar inversiones que prácticamente tripliquen esa capacidad.

También necesitamos hacernos cargo de las demandas ciudadanas que abocan por un desarrollo cada vez más sustentable y la institucionalidad tiene que hacerse cargo del anhelo de muchas personas por mayor participación. Debe existir competencia y mejorar los procesos de regulación y fiscalización del sector, al mismo tiempo que reducimos la judicialización de proyectos.

Nuestras decisiones deben estar enfocadas en reducir los costos futuros de la energía, tanto para la ciudadanía como para el sector productivo, asegurando la sustentabilidad ambiental y la existencia de instituciones fuertes. Este equilibrio no puede estar ajeno a la realidad social de nuestras comunidades.

Pero al final del día este análisis corresponde a generalidades que muchas personas tienen claro y de lo que se ha hablado en innumerables oportunidades.

Yo soy una persona orientada a la acción, por eso creo que el momento del diagnóstico ya pasó, ha llegado el de las definiciones. Por eso quiero fijar un objetivo, de ser elegido presidente voy a presentar una agenda específica de reformas y definiciones en materia energética que deberá ser aprobada antes que finalice el primer semestre de mi gobierno.

LOS LINEAMIENTOS QUE VAN A INSPIRAR ESTA AGENDA SON:

Primero, definición de una matriz energética. Hoy, la potencia instalada no es el reflejo de una planificación de largo plazo. Tuvimos problemas con el gas natural y la matriz se carbonizó, se dieselizó, especialmente durante los últimos 4 años. Actualmente solo el 4% de la energía proviene de ERNC versus un 6% del diesel. Por lo tanto, no nos vamos a quedar a oscuras si no llueve, pues los motores diesel se van a seguir instalando.

Cuando no se toman decisiones a tiempo se toman malas decisiones después, y eso es lo que ha estado ocurriendo.

Hay que tener orden y priorizar, los proyectos se han hecho sin pensar en las ventajas comparativas que tenemos ni en el medio ambiente que deseamos. Por eso vamos a adoptar un acuerdo sobre la matriz que queremos al año 2030, que contenga metas en materia de energía hidroeléctrica, ERNC y termoeléctrica. Chile debería tener un porcentaje de energía renovables (no solo ERNC) del 65% al año 2030.

También tenernos que desarrollar una más agresiva participación del Estado en el impulso de la energía geotérmica, que produce con un factor de planta de más del 90% y del que Chile tiene el mayor potencial a nivel mundial.

El país no puede desaprovechar la utilización de sus recursos hídricos, tampoco puede desprenderse de una base de energía térmica que contenga gas y carbón para asegurar la seguridad del suministro, pero el Estado no puede seguir de brazos cruzados y no potenciar las energías no convencionales.

Segundo. Debemos reducir el consumo de energía a nivel industrial, residencia y comercial. Este gobierno planteó a través de la Estrategia Nacional de Energía la ambiciosa meta de un 12% de reducción del consumo al año 2020. Habrá que evaluar si este esfuerzo puede ser superior.

Tercero. Es necesario fortalecer la institucionalidad, establecer reglas claras y garantizar a las comunidades que los proyectos que se aprueben cumplirán con los requerimientos (de la evaluación), por lo tanto, estas reglas no serán modificables.

Cuarto, ordenamiento territorial. Debemos establecer las zonas en la que queremos concentrar el desarrollo energético.

Quinto, participación y desarrollo social. Las comunidades deben participar en las definiciones sobre los polos energéticos y recibir compensaciones cuando se vean afectadas. Debemos impulsar compensaciones directas y transparentes.

Finalmente, debemos fortalece el sistema de transmisión, fundamental para que nuevas formas de energía se conecten a lo largo del país. En ese sentido la carretera eléctrica y el reforzamiento de las capacidades para transmitir la electricidad a través de nuestras redes es esencial.

Con el propósito de complementar el llamado de Escenarios Energético, revista Ecoamérica realizó una invitación al resto de los candidatos. Solo el presidenciable del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, y el del Partido Humanista, Marcel Claude,  aceptaron el desafío.

Marco Enríquez-Ominami

Proponemos cambiar la política del “más vendo, más gano” por el “mejor usamos la energía, más ganamos todos”. Concretamente pensamos cambiar el tarifado y procesos de formación de precios de la energía, fomentar masivamente las energías renovables y cambiar los métodos de evaluación ambiental de los megaproyectos energéticos. Además de sentar las bases para un cambio de la matriz energética, sucia y cara, por otra limpia y menos vulnerable. Finalmente proponemos fomentar una participación informada de la gente en la toma de decisiones respecto de los proyectos energéticos.

En otras palabras, queremos cambiar las reglas del juego de los mercados energéticos, única opción de enfrentar adecuada y oportunamente los desafíos ambientales y de competitividad en esta materia. Queremos que los chilenos paguen el agua a precio de agua y no de petróleo. Estas medidas de una contrapropuesta de inversión del Estado en energías renovables no convencionales y de repensar la materia energética. Vale decir, un rol del Estado mucho más importante.

¿Participación de ERNC en la matriz?

Absolutamente, queremos fomentar las energías renovables en un 30% para el 2025. Propondremos medidas para la matriz eléctrica de transición (energía térmica, preponderantemente) a una más limpia basada en ERNC.

¿HIDROAYSÉN?

Rechazamos sin ambigüedad a HidroAysén por razones de concentración de la generación de energía en pocas manos, de soberanía, de estrategia, de sustentabilidad y por razones económicas. Consideramos que sus costos, su concentración económica, sus condiciones ambientales, sociales y políticas la hacen una opción inaceptable.

¿PROPUESTAS?

1. Más con menos (Negawatts o Negajulios): es la punta de la lanza de nuestra política energética, el uso eficiente de la energía y las energías limpias y verdes. Se apunta al cambio en los patrones de consumo energético. Propondremos metas precisas anuales y sectoriales

2. Suministro de energía seguro: se establecerán los instrumentos de mercado y de política de fomento para asegurar la transición de una matriz sucia, cara y dependiente, a nuevas fuentes de energía que nos permitan instalar una matriz limpia y a costos razonables. Un 30% de la matriz energética al 2025 estará basada en energías renovables.

3. Programa de leña sustentable: al 2025 cubrirá la mayor parte de los requerimientos de calefacción y agua caliente de las regiones VI a la XI. En cuatro años lograremos desarrollar modelos de gestión de la calefacción y del agua caliente que permitirá sacar a la mayor parte de las ciudades y localidades declaradas zonas saturadas o latentes por PM 2,5.

4. Transporte sustentable: Nuestro foco será puesto en el transporte público. Sentaremos las bases para el desarrollo de un sistema de transporte sustentable, fomentando proyectos pilotos a partir de nuevas tecnologías, modelos de gestión y de negocios, así como la adopción de instrumentos de desarrollo urbano y uso del territorio que considere la energía y el medio ambiente en los sistemas de transporte público y privado. Se adoptarán medidas de fomento para el uso de bicicletas y se administrarán medidas económicas y tributarias respecto del transporte privado.

5. ENAE: impulsaremos la creación de la Empresa Nacional de Energía que tendrá como objetivo esencial “abrir” mercados y desarrollar nuevas tecnologías y fuentes de energía para luego estimular la entrada de privados (Pymes).

6. Investigación y Desarrollo (I&D): instalaremos condiciones sin precedentes para mejorar, crear y desarrollar nuevas fuentes de energía. Además generaremos nuevos materiales y modelos de negocios, mejores y mercados más transparentes así como personal científico y técnico para el desarrollo de estas nuevas opciones. Propondremos un programa de repatriación de talentos.

7. Participación informada de la gente y responsabilidades ciudadanas (educación específica): se implementarán medidas destinadas a fomentar la participación informada de la gente y las comunidades en la toma de decisiones relativas a megaproyectos y definición de políticas.

8. Acceso a la energía garantizada: la energía constituye un bien, un derecho y servicio a la cual todos los ciudadanos deben tener acceso. Como el agua, propondremos cambios en los marcos regulatorios (electricidad, derivados del petróleo y gas, agua y biomasa).

MARCEL CLAUDE

El tema energético es una de las piedras angulares del desarrollo de un país y de la región. Sin embargo, esto aparentemente no ha sido entendido así durante los últimos 30 años en nuestro país. Es así como en Chile no ha existido una verdadera política energética en mucho tiempo, entregando las riendas de este tema al mercado lucrativo y/o en las manos de algún ministro de cierto gobierno que pudo haber tenido una que otra “brillante idea” (tipo salvavidas) que nos permitió creer por un tiempo (breve) que la cuestión energética no era tan alarmante como otros decían. De esta forma, el gas argentino en su momento, las enormes represas en otro y los proyectos termoeléctricos en los últimos tiempos, han sido la sustancia de nuestra “Política Energética”.

Está demás decir que el diagnóstico de la situación no es muy alentador, más bien preocupante y peligroso.  No estamos hablando de las posibilidades de abastecimiento o de la composición de la matriz energética únicamente, sino que también, de la nula existencia de una política energética. De hecho, no es posible decir que esta política ha fracasado, pues ésta no existe.  Lo que sí existe es la idea de que en este ámbito, como en todos, debemos crear las condiciones para un nicho de negocios altamente lucrativo, por lo que la idea es realizar proyectos de energía e incrementar el uso de ésta, dado que, a mayor uso mayor venta y mayor lucro.  La eficiencia energética no es la preocupación, el ahorro de fuentes críticas tampoco.  Acá debe funcionar el mercado lucrativo y ello requiere incrementar significativamente el consumo de energía y no mejorar la eficiencia.

Por ello se requiere, en primer lugar, la definición de una política energética de largo plazo orientada por el criterio y el principio de la eficiencia, la que debe responder al tipo y nivel de desarrollo que queremos como país, el que, a su vez, debe ser acorde a los desafíos que nos planteemos como sociedad en los distintos ámbitos de esta: empleo, educación, salud, cultura, medio ambiente, etcétera. Una vez definido el desarrollo que queremos, se define la política energética que nos llevará hacia ese fin de la mejor manera posible, priorizando de buena forma las inversiones que deba hacer el Estado en esta materia y procurando proteger la sustentabilidad en el largo plazo.

Nuestra propuesta se sustenta principalmente en la búsqueda de la eficiencia energética, es decir, usar la energía de una mejor manera, evitando gastos innecesarios, reduciendo el desperdicio.  Grandes inversiones debe hacer el país para lograr mayor eficiencia energética.  Adicionalmente, buscamos introducir de manera significativa y acelerada en la matriz energética, aquellas fuentes no convencionales y más amigables con la protección de la naturaleza.  La desconcentración, descentralización y democratización, tanto de la generación como de la distribución, son también y a nuestro juicio, principios que deben orientar la política energética del país.

Por ello como candidatura definimos las siguientes propuestas

a)     Modificar la composición y figura legal de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), pasando a ser un órgano del Estado (actualmente es una corporación de derecho privado), con independencia de los gobiernos de turno.

b)    Fijar metas anuales de ahorros por efectos de la Eficiencia Energética (EE), los cuales deben ser promovidos por la AChEE para ser desarrollados en conjunto con el sector industrial, comercial y residencial, con énfasis en las empresas intensivas en el uso de la energía (grandes consumidores de energía, como la minería).

c)     Desarrollo de programas específicos de EE en los hogares a través de las empresas de distribución eléctrica. Además, por esta vía se pueden recaudar fondos para el financiamiento de los distintos programas de EE y desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) mediante un sobrecargo o impuesto a aquellos hogares que consuman sobre un cierto valor de kWh/mes/persona, o algún indicador similar.

d)    Importación de paneles solares fotovoltaicos por medio de la AChEE, los que pueden ser vendidos con facilidades a quienes deseen contar con estos dispositivos. La ventaja es que, una vez entre en vigencia la compra de energía por parte de las distribuidoras, la inversión será recuperada en unos años y luego se transformará en un ingreso.

e)     Promover el desarrollo de proyectos de geotermia mediante lazos de cooperación entre el estado y las universidades que cuenten con centros de investigación en este tema o para que desarrollen estos. Una iniciativa posible es entregar la concesión de exploración de sitios con potencial geotérmico para que estos centros determinen la factibilidad del desarrollo de proyectos en el lugar. En caso de resultar exitosa la labor, se puede vender el proyecto de modo de financiar los costos de la exploración, re invirtiendo los recursos en la universidad y ganando experiencia sobre estos proyectos.

f)     Invertir fuertemente en la investigación e incorporación de tecnología, que permita la diversificación de la matriz energética a través del despliegue de formas no tradicionales de energía (eólicas, solares, geotérmicas, energía de mareas, biogas); además, que se impulse la construcción de centrales hidroeléctricas pequeñas (de paso) a lo largo del país, conjuntamente entre el Estado y capital privado.

g)    Por otro lado, apoyamos las iniciativas regionales que apunten a la optimización de la matriz energética, basadas en la cooperación mutua y relaciones de reciprocidad. De este modo, la integración de Chile a la alianza energética latinoamericana que impulsa Venezuela, contribuiría sustancialmente a resolver la crisis energética que sufrimos. Países como Venezuela, Argentina y Bolivia, tienen reservas importantes de petróleo y gas, justamente elementos de los que hoy carecemos.

h)     Finalmente, comprometer al Estado en inversiones orientadas al desarrollo de proyectos energéticos sustentables, a través de los fondos del cobre que permitirá la renacionalización de este recurso.

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