Durante los primeros seis meses del año se han sustraído más de 255 kilómetros de cable a nivel nacional, lo que ha afectado a cerca de 250 mil hogares, quienes han visto interrumpido su suministro eléctrico a causa de este delito.
Cerca de 250 mil hogares se han visto afectados a nivel nacional por el delito de robo de cables eléctricos durante el primer semestre de 2023, de acuerdo con las cifras de Empresas Eléctricas, el gremio que representa a las principales empresas de distribución eléctrica del país.
El reporte también da cuenta se han sustraído más de 255 kilómetros de líneas de distribución eléctrica en el período, lo que supera a la distancia entre Santiago y Talca, lo que equivale a 85 toneladas de cobre robadas.
De acuerdo al Director de Asuntos Públicos de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, “el robo de cables es un delito que ha ido en aumento sostenido, generando enormes problemas para la ciudadanía. Se produce una afectación directa a la calidad de vida de las familias pues ven interrumpido su suministro eléctrico, provocando problemas de calefacción, de preservación de alimentos, de acceso a internet, y otras actividades cotidianas, además de un riesgo para personas electrodependientes”.
El ejecutivo añadió que “además se genera una afectación a la seguridad pública, por lo que este delito supone para el correcto funcionamiento de hospitales, escuelas y otros servicios de primera necesidad para la población tal como los sistemas de agua potable rural. De la misma forma tiene un impacto para la economía de las personas por las pérdidas que significa el no contar con electricidad para pymes y empresas, así como para las compañías eléctricas por el mayor costo y mayores tiempos de reposición del servicio”.
Desde el gremio realizaron un llamado a las autoridades a profundizar la persecución de este delito y a trabajar en una nueva legislación que entregue un estatuto jurídico especial para este tipo de delitos.
Hoy el robo de cables esta tipificado como un delitio contra la propiedad, “lo que no da cuenta de su afectación sobre un servicio público como el suministro eléctrico”, indicó Meriches, quien añadió que “se requiere estatuto jurídico especial, como en el caso del robo de madera, lo que permitiría penas mayores para estos delitos, mayores facultades de investigación para las policías, mecanismos especiales de investigación para la Fiscalía y medidas cautelares más efectivas, entre otras mejoras”.
Por último, Empresas Eléctricas hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades policiales tanto el robo de cables como a los reducidores de chatarra que trabajan con ese material.
