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Equidad Energética

Aportar al acceso, equidad y calidad de la energía.

Pobreza Energética y Calidad de Servicio Eléctrico

Cuando hablamos de vulnerabilidad o pobreza energética es conveniente dar cuenta de la evolución que ha tenido el concepto en nuestro país y cómo ha sido abordado. Partiendo del marco regulatorio que definió el DFL Nº 1 de 1982, la estrategia que orientó el desarrollo energético fue consistente con la política general de desarrollo económico y social del país, la cual consistía en “lograr el máximo bienestar de la comunidad a través de establecer condiciones de eficiencia económica en el sector energía, en un marco de subsidiaridad del Estado” (CNE, 1989). 

Considerando que en ese momento, el principal desafío consistía en que el servicio eléctrico llegara a todo el país, se implementó el programa de electrificación rural, con el objeto de solucionar las carencias de electricidad, mejorando la calidad del abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural. 

A partir del éxito de la política pública y privada de electrificación rural (Chile alcanzó niveles de electrificación del 99% a nivel nacional durante la década del  2000), nuevos desafíos aparecieron en el camino. La calidad del servicio energético pasó a ser fundamental, lo cual se reconoce en la Política Energética Nacional establecida en 2015, que puso como meta al 2050 no sólo el acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles a toda la población, sino que también fija un nivel de calidad de servicio eléctrico específico: que el promedio de horas de interrupción de servicio eléctrico no supere una hora al año, en todas las comunas del país, sin considerar fuerza mayor. 

Esta es una importante y desafiante meta, ya que como puede observarse en el siguiente gráfico, el promedio nacional de interrupciones atribuibles a la red de distribución durante el año 2018 alcanzó las 6,84 horas, y la dispersión geográfica es elevada, con regiones como la Araucanía donde supera las 14 horas.

SAIDI ATRIBUIDO A DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN PARA AÑO 2018

Fuente: SEC

El reciente informe publicado en 2019 por la Universidad de Chile “ Pobreza Energética: el acceso desigual a energía de calidad como barrera para el desarrollo de Chile”, define que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuanto no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Sin lugar a dudas tenemos una brecha en calidad del servicio eléctrico que deben atenderse en miras a reducir los niveles de pobreza energética del país. 

El desafío se acrecienta, dado que el futuro energético es claramente más eléctrico y descarbonizado. Consumos actuales de combustibles fósiles para calefacción, agua caliente sanitaria, transporte y cocción de alimentos gradualmente se irán electrificando, a medida que las tecnologías estén disponibles a precios convenientes y las restricciones ambientales se hagan más exigentes. Por lo tanto, la presión sobre el sistema de distribución eléctrico para que provea un servicio con un estándar más alto aumentará en el tiempo. 

Al desafío de la calidad de servicio, se suma la realidad de que una parte importante del presupuesto de las familias más vulnerables se dedica al gasto energético. Según el estudio de uso energético residencial publicado en noviembre de 2019 y que fue financiado por el Ministerio de Energía, Empresas Eléctricas, AGN y GLP Chile, los hogares más vulnerables económicamente gastan aproximadamente 500 mil pesos al año en energía. De ello, el gasto eléctrico es el mayor componente.

GASTO ENERGÉTICO POR ENERGÉTICO Y NSE EN $/VIV/AÑO

Fuente: Estudio de uso de la energía en los hogares 2018, CDT. 

Para avanzar en reducir la vulnerabilidad energética de los hogares de Chile necesitamos tener un claro mejoramiento de la calidad y seguridad del suministro eléctrico. Ante el proceso de electrificación que cada día se acentúa más, es clave que las inversiones en las redes de distribución eléctrica lleguen a tiempo. Tanto para modernizarla producto de la transición energética que estamos viviendo como para proveer la infraestructura física que se requiere a lo largo de todo el país. Ello debe poder traducirse en precios de suministro eléctrico que faciliten el desarrollo equitativo, de manera que los hogares no restrinjan sus consumos energéticos fundamentales por razones presupuestarias.