Esta cifra supera la distancia que hay entre las ciudades de Santiago y Temuco, lo que ha afectado a más de 1,2 millones de clientes, entre 2021 y 2022, quienes han visto interrumpido su suministro eléctrico a causa de este delito.

El robo de cables eléctricos es una práctica delictual de larga data, pero que ha aumentado de manera exponencial en el último tiempo.

De acuerdo a las estadísticas levantadas por Empresas Eléctricas, el gremio que representa a las principales empresas de distribución eléctrica del país, sólo entre los años 2021 y 2022 se han sustraído más de 700 kilómetros de líneas de distribución eléctrica, lo que supera a la distancia entre Santiago y Temuco.

Esto ha afectado a más de 1,2 millones de clientes, en el mismo período, quienes han visto interrumpido su suministro eléctrico a causa de este delito, afectando no sólo la calidad de vida de las familias y personas electrodependientes, sino también el funcionamiento de hospitales, escuelas y otros servicios de primera necesidad para la población.

En otras palabras, “se ha afectado el interés público comprometido en la prestación de la distribución eléctrica, actividad que tiene el rango de servicio público, de acuerdo a la legislación vigente”, indica el gremio.

A esto se suma el efecto económico que tiene este delito para las compañías, las que han debido cubrir más de $8.700 millones de pesos en los últimos dos años en costos de reposición, lo que en ocasiones significa la reconstrucción total del tendido y numerosos días de trabajo, para reestablecer el suministro a las familias y usuarios a la brevedad posible.

“El robo de cables afecta también a la seguridad pública, ya que facilita la comisión de otros ilícitos y, por otro lado, a la integridad de las personas, por cuanto muchas veces quienes cometen estos delitos tienen consecuencias graves para su integridad”, señala el gremio. En efecto, durante los últimos dos años, trece personas han fallecido cometiendo este ilícito.

En suma, la sustracción ilegal de conductores se trata de un delito de gran impacto y afectación social, y que tiene un carácter transversal, pues involucra tanto al servicio público de suministro eléctrico (transmisión y distribución eléctrica), como al servicio de telecomunicaciones. Así, además de no tener acceso a la electricidad, las familias tampoco tienen acceso a servicios sanitarios (agua) y de telecomunicaciones (Internet), que son fundamentales en la actualidad.

Desde el gremio explican que, hasta ahora, las compañías han mantenido un trabajo de coordinación a nivel de mesas regionales público-privadas junto a las autoridades, se ha avanzado en la incorporación de mayor tecnología en las redes y se ha hecho un llamado a las personas a denunciar tanto las acciones de hurto y/o robo de cables, como a reducidores ilegales de chatarra.

Con todo, se trata de medidas que no han disuadido a los delincuentes; quienes, por el contrario, han ido especializándose y perfeccionando la forma de cometer el delito, operando hoy como bandas perfectamente organizadas.

Por otra parte, hoy en el Código Penal, la sustracción de cables eléctricos se encuentra subsumida dentro del tipo general de los delitos contra la propiedad, lo que, salvo algunas consideraciones de agravación de responsabilidad, en general, “cuenta con penas y sanciones muy por debajo de lo que se requiere para efectos de disuasión”, indican. De hecho, en los últimos años se han presentado más de 600 querellas y denuncias, “pero ha resultado evidente que existen dificultades en la pesquisa de los autores, y que, al final del día, el nivel de condenas es escaso o prácticamente nulo”, concluyen.